ODF: Análisis de la adopción del formato de documento abierto

Autor: Italo Vignoli

A lo largo de sus 20 años de historia, el estándar ODF ha sido adoptado, o al menos recomendado, por numerosos organismos supranacionales y varios países de casi todos los continentes. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el estándar ODF se utilice de acuerdo con estas decisiones, que a menudo son leyes en sí mismas, ya que las importantes campañas de presión y desinformación de Microsoft destinadas a proteger sus ingresos de unos 25.000 millones de dólares generados por el formato privativo OOXML (DOCX, XLSX y PPTX) fomentan el uso de este último. Y ello a pesar de que las desventajas para los sistemas nacionales, las comunidades de ciudadanos y los particulares son muy fáciles de demostrar: pérdida de control sobre los contenidos, problemas de interoperabilidad y dependencia de las estrategias comerciales de un único proveedor.

La información de este artículo se basa en mi investigación de fuentes relacionadas con la adopción o las recomendaciones de uso de ODF. Empecé a recopilar esta colección de documentos alrededor de 2010 y continúo actualizándola anualmente. En los últimos doce meses, también he utilizado la inteligencia artificial en mi investigación, lo que me ha ayudado a encontrar algunos artículos.

Por desgracia, la adopción o recomendación formal del ODF no garantiza su uso real de acuerdo con la ley. Por ejemplo, la última versión del Código de Administración Digital de Italia prohíbe explícitamente el uso de OOXML porque no es una norma, y sin embargo esta decisión es ampliamente ignorada por los organismos públicos.

ORGANISMOS SOBERANOS

La OTAN exige a los 28 países miembros que utilicen el ODF como formato estándar para el intercambio de documentos.

ONU y ONGs: Las organizaciones de la ONU favorecen los formatos estándar y abiertos para garantizar que todos los documentos sigan siendo accesibles y no dependan de herramientas caras o restringidas. Por eso se utiliza el ODF para informes, borradores de políticas y documentación en colaboración entre equipos.

Comisión Europea: ha adoptado una postura firme a favor de los estándares abiertos y promueve el uso de formatos como ODF en los documentos a través de su estrategia de software de código abierto. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) han integrado LibreOffice y ODF en sus flujos de trabajo internos para garantizar una mayor transparencia y neutralidad lingüística.

EUROPA

Bélgica: Desde septiembre de 2007, todos los departamentos del gobierno federal belga están obligados a aceptar y leer documentos ODF, y un memorándum ha establecido ODF como estándar para el intercambio de documentos ofimáticos dentro de la administración pública federal.

Dinamarca: Desde el 1 de abril de 2011, el Parlamento danés ha ordenado el uso de ODF por parte de las autoridades estatales para el intercambio y archivo de documentos, mientras que anteriormente los organismos solo estaban obligados a aceptar documentos ODF. En las últimas semanas, algunos artículos han afirmado que el Gobierno danés migrará formalmente al software de código abierto y, por tanto, al ODF. Por supuesto, estamos a la espera de confirmación de este proyecto.

Finlandia: El Ministerio de Justicia y otros ministerios han adoptado el ODF como principal formato de documento.

Francia: El Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) recomienda el ODF como formato preferido para los documentos ofimáticos de las administraciones públicas. Por tanto, se anima a los organismos a utilizar ODF para crear y archivar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Alemania: El Consejo Alemán para la Planificación de las Tecnologías de la Información, que representa a los gobiernos federal y estatales, se ha comprometido a hacer del ODF el estándar para la gestión de documentos en la administración pública para 2027. El Ministerio de Asuntos Exteriores y varios tribunales federales ya utilizan exclusivamente ODF. Varios estados federados y municipios también se han pasado a suites ofimáticas compatibles con ODF, como LibreOffice y Collabora Online. El ODF se cita como elemento central de la estrategia de soberanía digital de Schleswig-Holstein.

Italia: El Código de Administración Digital sólo permite ODF en sus directrices para la administración pública, ya que OOXML no cumple los criterios de estándar abierto que figuran en el glosario del documento.

Países Bajos: El gobierno holandés ordena el uso de estándares abiertos, incluido ODF, para todos los intercambios de datos en el sector público, y su adopción está supervisada por una activa comunidad política que apoya su aplicación.

Eslovaquia: Todas las autoridades públicas deben ser capaces de leer y utilizar el ODF para la comunicación y publicación electrónica de documentos, incluidos aquellos con firma electrónica.

España (Andalucía y Extremadura): Estas regiones exigen que los organismos públicos utilicen ODF (o PDF/A para documentos estáticos) para la comunicación entre sí y con los ciudadanos.

Suiza: Se recomienda a los organismos públicos que utilicen ODF para el intercambio de documentos con los ciudadanos u otros organismos.

Reino Unido: En 2014, el Gobierno británico adoptó ODF como único estándar para compartir y colaborar en documentos editables en todo el sector público. El Ministerio del Interior tiene un plan formal de adopción de ODF y no rechaza documentos ODF de ciudadanos o empresas.

AMÉRICA

Argentina (Provincia de Misiones): El uso del ODF es obligatorio en las organizaciones administrativas gubernamentales.

Brasil: Desde 2010, los formatos privativos están prohibidos en la administración pública federal y el ODF es el estándar para todos los documentos de oficina. Es obligatorio en las políticas federales de TI y se utiliza ampliamente en ministerios y gobiernos estatales. SERPRO (el servicio federal de gestión de datos) garantiza que los flujos de trabajo de los documentos nacionales cumplan la norma ODF.

Uruguay: los documentos públicos deben utilizar ODF para los archivos editables y PDF para los formularios rellenables y los documentos no editables.

Venezuela: todos los organismos de la Administración Federal deben utilizar ODF 1.0 para los documentos editables.

ASIA

India: La política india de adopción de estándares abiertos para la administración electrónica incluye el ODF como formato preferente para todos los servicios federales y estatales, sobre todo cuando la neutralidad del proveedor es fundamental para la asequibilidad y escalabilidad.

Taiwán: El Ministerio de Educación ha introducido herramientas compatibles con ODF en todas las escuelas, y los gobiernos locales utilizan LibreOffice para la administración diaria.

ÁFRICA

Sudáfrica: La política sudafricana MIOS (Estándares Mínimos de Interoperabilidad) busca garantizar un gobierno digital con visión de futuro y acceso universal. Promueve estándares abiertos y reconoce el formato ODF como aceptado.

CASO DE ESTUDIO

Mónaco: En 2013, la ciudad de Mónaco fue noticia al migrar 15.000 escritorios a Linux y OpenOffice/LibreOffice, adoptando ODF. A pesar de los resultados positivos y el importante ahorro de costos, el proyecto enfrentó una fuerte oposición política, respaldada por el lobby de Microsoft. En 2017, se canceló parte de la migración. Este caso es emblemático porque pone de relieve la complejidad de la dependencia de un proveedor y demuestra la presión que sufren las instituciones públicas por parte de proveedores privativos para mantener un monopolio que perjudica tanto a las propias instituciones como a sus ciudadanos.