Varios periodistas interpretaron el artículo de la semana pasada como un ataque contra Microsoft. Queremos explicarles lo que se les pasó por alto.
Cada vez que abordamos la diferencia entre ODF y OOXML, algunas personas lo perciben como una campaña contra una empresa. No es así. Estamos tratando de hacer algo mucho más útil: dejar claro el problema estructural del formato estándar de documentos a quienes tienen que lidiar con él: funcionarios públicos, educadores y, sobre todo, los ciudadanos de a pie.
Todas estas personas se enfrentan a un problema que no crearon, pero que les afecta a diario y del que a menudo son víctimas involuntarias cada vez que crean o reciben un documento.
Lo mínimo que podemos hacer -y de hecho lo hemos estado haciendo durante veinte años, aunque hasta ahora casi nadie nos ha escuchado- es explicar, con claridad y sin dramatismos, cómo surgió el problema, por qué persiste y por qué el ODF es la única salida. Se trata de un objetivo educativo y desinteresado -no vendemos software, por lo que no tenemos ningún interés comercial que proteger- y no de un ataque contra una empresa.
El problema se refiere al panorama actual de los documentos, basado casi exclusivamente en un formato privativo controlado por una sola empresa, y lo que podríamos haber tenido en su lugar: un formato estándar controlado por una comunidad independiente de partes interesadas.
Microsoft aparece en esta historia por el comportamiento de monopolista racional que ha mostrado desde 2006, tanto durante como después de la estandarización del formato privativo OOXML: primero prometió el estándar y luego hizo todo lo posible para asegurarse de que primero fuera ignorado y luego olvidado, de manera discreta pero con extrema determinación. Todo esto para proteger una cuota de mercado que ahora vale más de 30 mil millones de dólares, la cual habría corrido el riesgo de erosionarse si el formato de documento se hubiera estandarizado genuinamente: la migración a cualquier otra suite ofimática habría sido entonces gratuita y sin complicaciones.
Hoy en día, la mayoría de las organizaciones -organismos públicos, organismos supranacionales, empresas- y la mayoría de los usuarios individuales se enfrentan a un problema que, si todos hubieran escuchado a los expertos independientes entre 2006 y 2008, nunca habría existido. El sistema de normas internacionales y los gobiernos nacionales permitieron que un único proveedor -en lugar de la comunidad de desarrolladores, analistas de sistemas y expertos en normas que plantearon objeciones- estableciera las condiciones bajo las cuales se archivarían los documentos. Ese proveedor eligió su propio formato privativo.
En otras palabras, el problema fue creado por las instituciones -la ISO, los organismos nacionales de normalización, los funcionarios públicos y, en última instancia, los políticos- que abordaron la elección del formato para los documentos públicos de una manera totalmente acrítica. Confiaron en el proceso a pesar de las repetidas y legítimas protestas sobre su transparencia, y nunca se les ocurrió realizar un simple análisis de los archivos que, en pocos minutos, habría suscitado más de una duda. La industria siguió entonces el ejemplo del proveedor, por conveniencia, ya que ampliaba el negocio, sin sopesar las consecuencias a mediano y largo plazo para las instituciones y los usuarios individuales. Lo preocupante es que incluso un segmento de la industria del código abierto se sumó a la corriente, y sigue haciéndolo, como lo demuestra el hecho de que hoy en día solo dos paquetes ofimáticos de código abierto -LibreOffice y Collabora Office- utilizan ODF como su formato de archivo nativo.
Si entre 2006 y 2008 todos hubieran hecho su parte, hoy habría un único estándar abierto de interoperabilidad entre múltiples proveedores para documentos de oficina -nuestro ODF- regulado de manera neutral e implementado por todos. Todos se habrían beneficiado, porque el intercambio de documentos basado en un verdadero estándar es completamente transparente e independiente del sistema operativo y del software de aplicación. Microsoft podría haber mantenido su propio formato privativo interno como un mero detalle de implementación, invisible para los usuarios, porque los documentos habrían circulado sin problemas a través del estándar. Un mundo ideal que nunca se hizo realidad.
En cambio, la acelerada estandarización de OOXML a través de la ISO en 2008, a pesar de todas las objeciones técnicas, dio lugar al formato OOXML Transitional que utilizamos hoy en día: un modo de compatibilidad temporal, definido explícitamente como un puente que debía cruzarse una sola vez y luego desmantelarse. No se desmanteló. Se convirtió en la única variante utilizada, a todos los niveles, por la mayoría de las suites ofimáticas. Hoy en día, la gran mayoría de los documentos de oficina en todo el mundo -incluidos los documentos públicos de las instituciones públicas y de los gobiernos de todo el mundo- se guardan en un formato que sus propios diseñadores habían declarado provisional.
Ni siquiera OOXML Strict resolvería el problema. Microsoft nunca lo ha promovido -lo cual, como hemos explicado, forma parte de una estrategia comprensible- y ninguno de los que se suponía que debían supervisar el proceso solicitó o verificó su implementación en los plazos prometidos en la estandarización, a partir de 2010. Pero la cuestión más profunda es esta: Strict es simplemente una variante diferente del mismo formato de un solo proveedor. Un estándar no es abierto porque se haya publicado su especificación. Es abierto cuando se desarrolla a través de un proceso transparente que ninguna empresa puede controlar por sí sola, y cuando lo mantiene una comunidad independiente de usuarios e implementadores. Reemplazar Transitional por Strict cambia la variante, pero deja la gobernanza -que es lo que determina la soberanía- exactamente donde estaba.
Por eso, cuando defendemos el formato ODF, no estamos criticando nada. Intentamos aclarar un problema que se creó artificialmente y preguntarnos por qué la mayoría de las partes interesadas -organizaciones, gobiernos, empresas y particulares- tratan un problema creado artificialmente como si fuera un hecho natural e ineludible.
La atención a la soberanía digital está creciendo, aunque la resistencia sigue siendo fuerte, porque la conciencia sobre este tema -que nunca debería haber surgido en primer lugar- sigue siendo prácticamente inexistente, no solo entre los usuarios, sino también entre los propios profesionales de la industria.
Seguimos creyendo que el ODF puede recuperar el papel que debería haber tenido después de 2006, cuando fue aprobado -con razón- como norma ISO, ya que reunía todas las características de un estándar abierto. El Deutschland Stack devuelve ese papel a ODF, y esperamos que la decisión del gobierno alemán no sea un caso aislado.
Artículo original : Blog de TDF (inglés)
