por Italo Vignoli
Llegas a una ciudad en la que nunca has estado. Estás cansado. Encuentras tu habitación, abres tu maleta, sacas un cargador y lo enchufas a la pared. Se enciende la pequeña luz verde. No le das importancia, porque no pasó nada. Pasaste de un país a otro, de una red eléctrica a otra, de un régimen regulatorio a otro, y el aparato que tienes en la mano simplemente siguió funcionando.
Detrás de ese momento sin incidentes se esconde más de un siglo de reuniones, discusiones, planos técnicos y acuerdos entre personas que nunca te conocerán. El enchufe encaja porque alguien, en algún lugar, decidió que así debía ser —y decidió además que esa decisión debía plasmarse por escrito, hacerse pública y no ser propiedad de nadie. Casi nunca nos damos cuenta de este tipo de trabajo. Solo lo notamos cuando falla: el adaptador que no encaja, el documento que no se abre, la pieza que no se puede reemplazar. Las normas son la infraestructura en la que vivimos y, como la mayoría de las infraestructuras, son invisibles hasta que dejan de serlo.
El acuerdo público
Un estándar es un acuerdo público sobre cómo deben encajar las cosas entre sí. Dos palabras en esa oración tienen el peso: público y acuerdo. Público, porque las reglas están escritas y cualquiera puede leerlas. Acuerdo, porque nadie las impone por su cuenta; se negocian entre partes que aceptan que el espacio compartido es más valioso que cualquier ventaja individual dentro de él.
Esto distingue a una norma de dos cosas con las que a menudo se confunde. No es una ley, porque ningún estado la hace cumplir directamente. Y no es un producto, porque ninguna empresa es dueña de ella. Una norma se encuentra en un peculiar punto intermedio: es algo que pertenece a todos y a nadie, y que mantienen instituciones cuya única tarea es garantizar su coherencia y accesibilidad. El sistema métrico es una norma. También lo es el tamaño de una hoja de papel A4, la forma de una señal de alto, el ancho de vía de un ferrocarril o las dimensiones de un contenedor de carga. Ninguna de estas cosas era inevitable. Cada una de ellas fue objeto de controversia en algún momento, y cada una se resolvió no por conquista, sino por convención.
Un acto cívico, no técnico
Es tentador considerar las normas como un asunto de ingenieros. No lo son. O mejor dicho, solo lo son de manera incidental. La ingeniería es la parte fácil. Lo difícil es la decisión de que las reglas de un espacio compartido no deban pertenecer a un solo actor -que la medida de la longitud, el ancho de una carretera o el voltaje de un enchufe sean de uso común en lugar de ser propiedad de alguien.
La historia de las normas es, casi sin excepción, una historia de fragmentación seguida de una dolorosa consolidación. En el siglo XIX, los ferrocarriles europeos contaban con docenas de anchos de vía incompatibles, ya que cada empresa construía el suyo propio. Las mercancías tenían que descargarse y recargarse en cada frontera, y a veces en cada límite regional. La pérdida era enorme, y finalmente se resolvió no porque los ingenieros inventaran una vía mejor, sino porque las sociedades decidieron que el bien común de la interoperabilidad valía más que la ventaja privada de la incompatibilidad. La misma historia se repite con las roscas de tornillos, con los husos horarios, con los tamaños de papel, con los sistemas eléctricos. Cada consolidación fue un acto político disfrazado de cuestión técnica.
Cuando decimos que un estándar es público, entonces, estamos diciendo algo bastante radical. Estamos diciendo que cierta categoría de reglas -las que rigen cómo nos conectamos entre nosotros- deben mantenerse fuera del mercado, porque si el mercado las controla, el mercado puede cobrar una renta por el simple acto de cooperar.
Lo que nos brindan los estándares
Desde el punto de vista de quien los usa -es decir, todos nosotros, todos los días-, los estándares abiertos nos brindan tres cosas que es fácil dar por sentadas hasta que ya no están.
La primera es la intercambiabilidad. Como las reglas son públicas, cualquiera puede desarrollar productos basándose en ellas. Si la lámpara que compraste hace cinco años se descompone, puedes reemplazar la bombilla por una de cualquier fabricante. Si tu proveedor sube los precios de manera injustificada, puedes cambiarte a otro. Si una empresa cierra, sus clientes no se quedan desamparados. No quedas atrapado por las decisiones que tomaste en el pasado, porque esas decisiones se tomaron dentro de un marco común y no dentro de uno privado.
La segunda es la continuidad. Lo que funciona hoy seguirá funcionando mañana, y lo que se hizo ayer sigue funcionando hoy. Este es un beneficio más discreto, pero tal vez sea el más importante. Una norma que es pública y estable significa que tu pasado sigue siendo legible para ti. Los documentos que escribiste hace veinte años, las herramientas que usó tu abuelo, las medidas registradas en un antiguo plano de construcción: todo esto sigue estando disponible, porque las reglas que los regían aún están disponibles. La continuidad es la forma en que una sociedad se comunica consigo misma a través del tiempo. Es la forma en que permanecemos conectados con lo que hemos hecho y con lo que se ha hecho por nosotros.
El tercero es el terreno común. Las normas permiten que las personas que han tomado decisiones diferentes puedan cooperar de todos modos. Tú y yo no necesitamos usar la misma marca, el mismo proveedor ni la misma herramienta. Solo necesitamos ponernos de acuerdo en la interfaz entre nosotros. Una norma es, en este sentido, una especie de tratado de paz: un reconocimiento de que un formato común para el intercambio es más importante que la uniformidad de preferencias. Es lo opuesto a una monocultura. Es la condición que hace posible la pluralidad sin caos.
Cuando las reglas se convierten en propiedad privada
Ahora imagina qué sucede cuando las reglas de un espacio compartido son de propiedad privada.
Imagina que la rosca de cada tornillo en tu país perteneciera a una sola empresa, y que usar un tornillo requiriera el permiso de esa empresa. Imagina que el ancho de vía del ferrocarril fuera propiedad de una sola empresa, y que todos los demás operadores tuvieran que pagar para circular con trenes por líneas que no les pertenecieran. Imagina que el voltaje de la red eléctrica estuviera sujeto a licencia, y que los enchufes de cualquier otro fabricante simplemente no encajaran.
Los tres bienes que acabamos de describir comienzan a deteriorarse. La intercambiabilidad desaparece, porque no se puede reemplazar una pieza por otra sin el permiso del propietario. La continuidad depende de la supervivencia corporativa de un solo actor: si la empresa cambia sus términos, sube sus precios o se declara en quiebra, pierdes acceso no solo a un producto, sino a toda la categoría de cosas que dependían de él. El terreno común se reduce hasta incluir solo a las personas que han pagado la misma licencia que tú. La cooperación se convierte en un privilegio otorgado por un tercero, en lugar de un derecho entre iguales.
Esto suena absurdo cuando imaginamos que sucediera con la infraestructura física. Nunca lo aceptaríamos para tornillos, rieles o electricidad. Y, sin embargo, la historia de los estándares es también la historia de intentos de hacer precisamente esto, a los que se resistió con éxito en algunos ámbitos y con menos éxito en otros. La razón por la que contamos con estándares abiertos para la infraestructura física no es que alguien pensara que fueran obviamente buenos. Es que las sociedades lucharon, a veces durante décadas, para mantenerlos fuera de manos privadas.
La pregunta sobre los antepasados
Hay una forma útil de pensar en todo esto, que consiste en preguntarnos qué tipo de antepasados queremos ser.
Cada vez que aceptamos un estándar abierto, estamos haciendo una pequeña apuesta en nombre de personas que aún no existen. Estamos diciendo que lo que estamos construyendo -el documento, el producto, el sistema- debe seguir siendo accesible para ellas, aunque ya no estemos aquí para ayudarlas a abrirlo. Estamos eligiendo ser hospitalarios con un futuro que no podemos ver. Y cada vez que aceptamos uno cerrado, estamos haciendo la apuesta opuesta. Estamos diciendo que nuestros sucesores tendrán que depender de la buena voluntad continua de un actor privado para acceder a lo que hemos creado. Estamos externalizando su acceso a nuestras propias vidas.
Esta no es una cuestión técnica. Es una cuestión cívica, y también moral. Los estándares son la forma en que una sociedad decide si su propia infraestructura debe ser de su propiedad o compartida, si su pasado debe ser accesible o estar sujeto a licencias, si su futuro debe ser abierto o cerrado. Parecen ingeniería. En realidad, son una respuesta silenciosa y continua a la pregunta de qué nos debemos unos a otros y qué les debemos a quienes vendrán después de nosotros.
Así que la próxima vez que conectes algo a la toma de corriente y simplemente funcione -la próxima vez que el picaporte encaje, que una página se imprima nítidamente, que una pieza encaje en su lugar sin pensarlo-, reflexiona por un momento sobre lo que tuvo que suceder para que eso ocurriera. Piensa en quién se negó a apropiarse de ello. Y pregúntate qué tipo de antepasado te permite ser un estándar cerrado.
Artículo original (en inglés)
